El pasado 11 de julio, a través de un comunicado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) nos enteramos que México, a través de su embajador en Japón, Claude Heller, firmó el Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). Dicho acuerdo comercial se puede consultar en la propia página del IMPI: http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/3388/4/ACTA_ESP.PDF.

Un antecedente, sin ser lo mismo, aunque sí en la incidencia que implicaba para el Internet libre, es la llamada Ley Sopa (Stop Online Piracy Act), promovida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2011 y que ahora tiene su contrapeso con el proyecto Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act (OPEN).

En principio, no hay que perder de vista que estos instrumentos, el comercial ACTA, como el legislativo para Estados Unidos, SOPA, tienen como materia uno de los límites del derecho a la información, y que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual y derechos del autor. Estamos pues, ante una colisión de derechos.

Sin embargo, los alcances o efectos de dichas disposiciones podrían afectar y anular otros derechos fundamentales vinculados al derecho a la información, como la libertad de expresión, la difusión y disposición-acceso libre de información a través de la herramienta que ha potencializado estos derechos: la Internet.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, organismo de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su declaración conjunta de 2011 con El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), plantea los principios e implicaciones que tiene la libertad de expresión e Internet: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2.

El tema, aún con acuerdo comercial firmado, aún no se aterriza en disposiciones legales en México. Amerita un debate y discusión pública. Se ha incorporado a la agenda pública que definirá la libertad en la herramienta de comunicación que descansa en ese derecho fundamental.

Twitter: @jrubenalonsog

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