Rubén Alonso


El futuro del Instituto deTransparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), así como los demás organismos garantes del derecho a la información en México estarán en revisión. La reforma al artículo 6° Constitucional que está en proceso en el Congreso de la Unión modificará las facultades, atribuciones y alcances de los mismos, por lo cual, habrá que estar al pendiente y no mover más que lo indispensable en tanto hayan definiciones.
El próximo mes de febrero comenzará el Segundo Periodo de Sesiones de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión (concluye en abril). Ese será el momento clave para que los diputados, como “cámara revisora” del dictamen que le envió el Senado aprueben, modifiquen o rechacen lo recibido. De proceder la aprobación del dictamen, sin modificaciones, entonces se enviará a las Congresos locales para su aprobación o rechazo y luego su publicación para entrada en vigor.
El dictamen del Senado(www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn;=2&sm;=2&id;=38875), así como la minuta recibida por la Cámara de Diputados (http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121221-I.html#Minutas) están disponibles y ameritaría que en lugar de “distraerse” con otros asuntos, los organismos garantes locales los socializaran y se abriera un espacio de reflexión y debate públicos.
El artículo segundo transitorio del dictamen establece que “el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6°” de la Constitución, y el quinto indica que “las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido” en el Decreto que se apruebe.
Mientras esto sucede, el Consejo Rector del Pacto por México analiza transformar el IFE en un Instituto Nacional Electoral, dándole facultades para organizar elecciones locales; o sea, un máximo órgano electoral nacional. Algo similar ya está definido en los organismos de transparencia.
Viendo esta ruta, hay que anticiparse a los impactos locales que implicarán la reducción de los organismos locales, y estimo, más que apostar a su crecimiento, buscar su fortaleza en la calidad local como instancias estrictamente “ciudadanas” no burocráticas, y apostarle más a una reingeniería de la administración pública en vistas a construir gobiernos abiertos.
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