El pasado miércoles 22 de mayo, con la notificación aprobatoria de 24 Legislaturas locales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la reforma y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de México, con lo que se ha conocido la reforma en materia de telecomunicaciones. En Jalisco, esto pasó de noche, sin apertura para abordar el tema de manera pública, fue mero trámite, a pesar de que el Ejecutivo local en días anteriores había anunciado que presentaría una iniciativa de reforma que implicaba a la federal, pues se alineaba a garantizar el acceso a Internet. Ahora, sólo falta que el Ejecutivo federal publique la reforma para que no sólo entre en vigor y, lo más importante, se elaboren leyes secundarias y adecuación de las existentes.
Al artículo 6° se especificó una de las vertientes del derecho a la información: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”; enseguida, incorpora como derecho fundamental el de “acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”.
Luego, después de 96 años de intocado, se reforma sustancialmente el artículo 7° de la Constitución, conocido como el de la libertad de prensa, ampliando sus alcances y vinculándolo al artículo 6°: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”, se indica en el primer párrafo.
Ya están los principios constitucionales, pero ahora falta el tramo más complicado: elaborar leyes secundarias que permitan la garantía de tales principios. Que no suceda como pasó con el derecho a la información: incorporado en 1977 y 25 años después comenzó a ver luz; o el derecho de réplica, negado en la práctica desde 2007 cuando se incorporó.
Anuncios