El pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber, o también conocido como Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública. Iniciativa surgida en septiembre de 2002 en Sofía, Bulgaria, a propuesta de organizaciones promotoras del libre acceso a la información. Eran los tiempos incipientes en que se formulaba de manera estructurada el derecho a la información pública gubernamental, que en México y Jalisco se concretizó en las llamadas “leyes de transparencia” o “acceso a la información”.
Parte nodal de las “leyes de transparencia” es imponer a los sujetos obligados la publicación de información fundamental o de oficio; esa que debe estar disponible, accesible, de manera permanente a través de Internet y sobre la que gira la carga para determinar si hay voluntad de ser transparente o no.
Conforme se modifican las leyes de “transparencia” se amplía el catálogo de dichas obligaciones.
Si se observa qué información es la más buscada, consultada, recurrida por usuarios en línea, podemos llevarnos una sorpresa: mientras la atención de los confeccionadores de la norma y los sujetos obligados está en lo más especializado sobre finanzas públicas, procedimientos internos e informes, el que acude a buscar información en línea está en los servicios básicos que el estado debe garantizar; educación, salud, seguridad y trámites para su vida cotidiana; licencias de conducir, de construcción, orientación, ubicación de oficinas de atención pública.
¿A qué tiene derecho a saber una persona común no sujeta a “leyes de transparencia”? A todo, es el principio básico. Todo debe estar disponible, accesible, de forma clara y comprensible. Sin embargo, los sujetos obligados requieren cambiar la forma de abordar esta obligación. Se requiere ver desde lo básico, lo que el ciudadano requiere, no lo que el funcionario considera (para legitimarse y justificarse). Y esta información debe guardar una relación consistente con el resto.
Si desde lo que el ciudadano requiere y busca se ofrece la información fundamental, los gobiernos serían más abiertos y por ende transparentes. Pero no sucede así, pues la puerta quedaría abierta. Pareciera que se abren puertas que no interesan y por donde la mayoría no quiere ni puede entrar. Imagínese conocer el presupuesto de un sujeto obligado desde los servicios que debe ofrecer y garantizar.

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