Hoy será un día clave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues resolverá lo que el jueves pasado comenzó: determinar si es constitucional el artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) y los artículos 16 fracción I, apartado D y 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con los que se faculta al Procurador General de la República y a quien determine, a que en, “investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas” soliciten “por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados”, y obliga a los prestadores de telecomunicaciones a colaborar con ello. Estas disposiciones son conocidas como la “ley de geolocalización”.

La Comisión Nacional deDerechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad, pues estima que contraviene a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución federal: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”.
La ministra Margarita Luna Ramos ya propuso al pleno de la SCJN que las disposiciones cuestionadas sí son constitucionales, y cuenta con el aval de otros cuatro ministros, y dos en contra. Hoy, los cuatro ministros restantes definirán su postura, que se anticipa será a favor el proyecto de resolución.
Lo dispuesto en CFPP es muy específico y no aplicable a una geolocalización indiscriminada y discrecional. Sin embargo, mientras se abre una puerta acotada para la persecución de delitos y seguridad de víctimas de ello facilitando su localización cuando se usen celulares para delinquir, aún no tenemos garantías ciertas de que la autoridad proteja la privacidad sobre todo frente a empresas que trafican con bases de datos personales, molestando al saber dónde y cómo localizar a clientes potenciales.
El debate por parte de la SCJNnos debe llevar a una mayor conciencia pública de ello, y una protección más fina de la privacidad entre nosotros, reclamando frente a las empresas este derecho, y al Estado con sus órganos el garantizarlo.
Fuente: MilenioJalisco 13 de enero de  2014

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