La libertad, en todas sus formas, siempre es frágil y está expuesta permanentemente a su anulación, máxime por parte de quien o quienes tienen o ejercen poder también en todas sus formas. La libertad se ejerce, construye día a día. No es sólo una conquista, pero sí implica luchas intensas en momentos específicos, como los que ahora se viven con los proyectos de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (TELECOM).

Dos dimensiones y condiciones de libertad están en juego en la construcción de ley reglamentaria de los principios constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, establecidos en el artículo 6° de la Constitución Federal: libertad de mercado y libertad de expresión-contenidos, que quedarán conculcados, anulados, en caso de proceder la iniciativa de Enrique Peña Nieto (ver http://goo.gl/mO6bpR) y el proyecto de dictamen, de albazo, del senador Javier Lozano (ver http://goo.gl/UX5fp1).
La libertad de mercado exige como principio condiciones en la que todos, desde su propia naturaleza (concesionarios), cuenten con las mismas condiciones de participación en el servicio público de telecomunicaciones. Propuestas como las presentadas, donde se privilegia de entrada a quien cuenta con el capital, anula de entrada la apertura, y la libertad de participación en el servicio es de letra. Y este es el punto nodal tanto de la iniciativa como del dictamen, hecho a modo para el que tiene el poder y control de las telecomunicaciones y radiodifusión.
La libertad de contenidos pude verse en doble vía: desde lo tradicional en comunicación donde hay un emisor y un receptor cuando, y desde el modelo de comunicación ya operante donde  el emisor es a la vez receptor y viceversa. Es en esta dimensión de la libertad, también consecuencia de la anterior, donde la reacción pro libertar ha sido más notoria. Sí, está en juego que con “orden de autoridad competente” se pueda restringir y anular contenidos (comunicación)  a través de Internet, pero además está la participación de Gobernación como vigilante y supervisor de contenidos, “dobleteando” y así menguar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (propuesta de Javier Lozano) con intención de conciliar la iniciativa de Enrique Peña donde sólo Gobernación “vigila” y “supervisa”. En cualquiera de estas dos formas iríamos en regresión.
Es tiempo de preservar la libertad…
Fuente: Milenio Jalisco 28 de abril de  2014

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