Las autoridades tienen en sus manos una valiosísima oportunidad de legitimación, pero sobre todo de construcción de una sociedad participativa con el proyecto de la Línea 3 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana. Es cuestión de voluntad para cumplir con la ley, y no esperar a que la ley los obligue a cumplirla.


¿Qué hacer? A partir del principio constitucional de máxima revelación, de que toda información es pública y sólo por excepción se reserva de manera temporal, protegiendo la información personal cuando sea el caso, a través del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI) con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), acordar los órdenes de gobierno y organismos públicos involucrados, cómo y con qué hacer público todo, de manera permanente, a través de un sitio de acceso abierto, donde todos los involucrados ponen de su parte y disponen lo que al resto le corresponde. Un sitio no diseñado sólo para los responsables, sino tan claro y oportuno para cualquier persona, que sólo por excepción sea necesario solicitar información específica. La tecnología ofrece muchas herramientas para ello.
Que el sitio sea la puerta para acceder a todo, y no llevar a los involucrados o interesados a buscar, acceder, disponer y usar la información, a través de espacios, sitios, instancias aisladas, fragmentadas, pues hacerlo así es el medio para ocultar información.
Evitar la creación de instancias paralelas, ex profeso, para la vigilancia y control. Es momento de fortalecer lo que tenemos. Crear contralorías, veedurías u observatorios, es una muestra más de desconfianza, de pérdida de legitimidad de lo que se tiene. Es la vigilante para que vigilen al vigilante, y luego, ¿a éste quién lo vigila?
Transparentar así, estimo, permitirá abonar a la rendición de cuentas en los procesos, no cuando estos ya han concluido; garantizar el derecho a saber permitiría construir un blindaje político-partidista del proyecto, permitiría cerrarle el paso a quien o quienes quieran “manotear” el proyecto público para negocios privados y personales.
Tenemos derecho a saber; el Estado está para garantizarlo. No se trata de una petición, es obligación.
Fuente: Milenio Jalisco 30 de junio de  2014

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