Tlatlaya, Estado de México, y Ayotzinapa, Guerrero, son dos expresiones del horror e indignación; son botones de muestra de la descomposición social- institucional que atraviesa México. No son hechos aislados, son parte de una cadena de complicidades, de contubernios.

En Tlatlaya, al suroeste del Estado de México, muy cerca de Guerrero, en un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y miembros del Ejército Mexicano el 30 de julio pasado, fallecieron 22 personas: quince de las cuales, de acuerdo al lentísimo actuar de lasautoridades locales y federales, fueron ejecutadas luego de rendirse porelementos militares, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Entre el 26 y 27 de septiembre siguiente, policías municipales asesinaron a tres estudiantes de la Normal Rural ” Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, y a 43 restantes los “desaparecieron”, para luego presuntamente entregarlos a grupos locales del crimen organizado.
En los dos casos la estructura del Estado es partícipe directo. Tlatlaya, gravísimo por las ejecuciones, fue opacado mediáticamente. Las televisoras, fuente de información para la mayoría de los mexicanos, hicieron su trabajo que a la postre resulta cómplice: centraron la atención en Ayotzinapa, tan gravísimo como el primero.
Tlatlaya involucra directamente a responsables, que tiene un Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, difícil de evadir, de distinguir, se separar. Ayotzinapa, en tanto, se puede manejar y circunscribir mediática y políticamente en el ámbito local; se presta a la multi-responsabilidad.  
El 30 de septiembre el INEGIdio a conocer su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobreSeguridad Pública 2014. En ella no sólo se confirma una vez más la percepción de inseguridad y falta de confianza en los cuerpos de seguridad; con las “cifras negras” (delitos no denunciados), sobresalen Guerrero y el Estado de México como las entidades en las que la impunidad evidencian la ausencia de autoridad o bien, la simbiosis entre el crimen organizado y la autoridad.
Tlatlaya-Ayontinapa no son hechos aislados por más que se pretenda separar; son indicadores y síntomas de lo que subyace: de facto estamos ante un pacto de impunidad, por intereses comunes entre el crimen organizado y la clase política y economía. Aquí no pasa nada.

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