Sesión del pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

Se dice que no hay quinto malo. Es cuestión de ver. Con base en el decreto de reforma y adiciones al artículo 6° de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, el Congreso de la Unión deberá expedir, entre otras normas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, aplicable a todas las entidades federativas, la federación, ayuntamientos y todo sujeto obligado que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad. Las entidades federativas, por su parte, con base en esa nueva norma, deberán adecuar sus disposiciones propias en la materia, y para el caso de Jalisco, estamos ante la creación de una quinta “ley de transparencia”, o en sentido estricto, de acceso a la información.


En el Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014, a nombre de legisladores de diversos partidos, Arely Gómez González presentó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fue turnado a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como a la de Estudios Legislativos (Segunda). En ella, se recogen propuestas no sólo del IFAI y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), además de especialistas y grupos ciudadanos .

Al entrar en vigor la nueva norma general, se prevé que las entidades tendrán un año para adecuar sus leyes locales, junto con otras que expida el Congreso, como la nueva sobre protección de datos personales.

La atención en el proceso de adecuación normativa estará en, al menos, estos aspectos fundamentales: armonizar los principios y conceptos en materia de acceso a la información; precisar el tema de sindicatos y partidos como sujetos obligados y sus obligaciones; revisar plazos y procesos para la solicitud y acceso-disposición, así  como los recursos de revisión; las facultades y funciones del órgano garante (ITEI) y sus consejeros, que ahora serían comisionados; y la relación con el IFAI que surja con la nueva Ley Federal, en armonía con la General.

De estos dos elementos, habrá que replantear el Consejo Consultivo del ITEI, hacer un símil local de lo que será la Plataforma Nacional de Transparencia (que ya comenzó a poner bases el actual ITEI), y considerar la pertinencia de la creación de un Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como el nacional que se prevé.

Mucho trabajo que está en veremos.

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