Sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
Sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)

Nuestro sistema político-electoral es relativamente joven, con debilitamiento creciente, en particular cuando está basado en un sistema de partidos. En México, los partidos son constitucionalmente “instituciones de interés público”, con lo que quedan incrustados como aparatos paraestatales, con régimen administrativo y jurisdiccional propio, pero sin las exigencias a las que están otros.

A partir de ayer, arrancaron las campañas políticas con vistas a la jornada electoral del próximo 7 de junio: a escala federal, la renovación de la Cámara de Diputados con 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional; en 16 entidades, por su parte, elecciones locales: en nueve para gobernador y en todas, renovación de Congresos locales y ayuntamientos, y delegaciones en el caso del DF. Sin considerar los puestos para gobernador, que son unipersonales, para el resto de cargos públicos de elección popular podemos estimar que están en contienda no menos de 25 mil personas entre candidatos con sus respectivos suplentes y planillas.

Diez partidos políticos están en contienda, aunque no todos registraron candidatos para todos los cargos en disputa: 9 gubernaturas, 500 curules de diputados federales, 600 curules de diputados locales (363 de mayoría relativa y 237 de representación proporcional en 16 congresos), 871 planillas de munícipes y 16 delegaciones del DF.

El dinero público que recibirían vía Instituto Nacional Electoral, y otro tanto más a través de los menguados en funciones, mas no en presupuesto, Organismos Públicos Locales (OPL), supera los 10 mil millones de pesos (el costo público de la organización-conducción-financiamiento vía INE y OPL supera los 32 mil millones de pesos).

Para los partidos políticos, su atención está en ganar el mayor número de espacios de poder público en disputa; pero la prueba de fuego no está en quién gane o pierda, sino en revertir la tendencia de no participación en este sistema que se agota cual “aplicación” cuando el “sistema operativo” (conciencia ciudadana) cambia: entre 1991 y 2009 (elecciones intermedias), la abstención aumentó 20.91 puntos porcentuales al pasar de 34.48 a 55.39. De mantenerse esos niveles y tendencia de abstención, se tendría un elemento más que confirma el agotamiento y debacle del sistema. ¿O no?

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