Sesión Extraordinaria en del 8 de septiembre de 2014, en el Congreso del Estado de Jalisco
Sesión Extraordinaria en del 8 de septiembre de 2014, en el Congreso del Estado de Jalisco

La transparencia se resume en que toda información es pública, sólo por excepción expresa se reserva información y se protegerán los datos personales. Lo demás, son recursos para garantizar y hacer efectivo este derecho humano, o bien, para bloquearlo, negarlo.

El pasado 8 de septiembre, el Congreso local hizo ajustes a la Ley de Transparencia e Información y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente desde el 9 de agosto de 2013, con base en la Ley General de Transparencia a Información Pública. ¿Por qué?, por disposición de la propia Ley General.

Dicha armonización, siguiendo el principio constitucional de “principios y bases” en materia de acceso a la información no pasaría de cuestiones de forma, y una que otra de fondo, como ampliar la concepción de sujetos obligados al incorporar en éstos a quienes realicen “actos de autoridad”, y no solo que reciban, administren o ejerzan recursos públicos.

En Jalisco se buscó ir más allá, también bajo el principio de “progresividad” en materia de derecho humanos. Para ello, se incorporaron propuestas, provenientes de foros abiertos, de propuestas públicas, que volverían a Jalisco a la vanguardia. Sin embargo, la “mano de última hora”, ocultando su identidad y por ende responsabilidad, hizo llegar observaciones a través de terceros que sirvieron de comparsas para contener los avances e incluso poner en entredicho principios en la garantía, protección y ejercicio del derecho a la información. Por ignorancia o cinismo, pregonan como avances lo que por la Ley General ya es obligación. La Ley General es supletoria de lo local (Artículo 1), con o sin armonización.

¿Qué se hizo, pues? Una reforma desde los intereses de los sujetos obligados, no desde los soberanos de este derecho. ¿Avanzamos? No, ni en la forma ni en el fondo, pues se incorporaron recursos legales para negar e impedir la construcción de gobiernos abiertos, transparentes, para garantizar un derecho fundamental de manera progresiva.

¿Qué sigue? Que el Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI), como órgano garante, explique qué hicieron los diputados y el Ejecutivo, evalúe interponer recursos jurídicos, como una acción de inconstitucional, o promover las correcciones necesarias, de lo contrario se convertirá en el órgano sepulturero del derecho a la información.

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