Frente al poder, de acuerdo con las normas en materia de transparencia, hay dos vías ordinarias para acceder a la información pública: solicitando información específica o disponiendo de información a través de medios de fácil acceso. Estas, no excluyen otros caminos: las entrevistas con el servidor público o las personas que interactúan con ellos, la observación acuciosa de sus actos, las conferencias y las ruedas de prensa, los boletines, los comunicados e incluso la filtración siempre interesada por quien entrega-filtra la información.

En todas, la materia común es la información, la cual debe reunir cualidades mínimas: que sea veraz, completa, clara, oportuna. Para ello, quien accede u obtiene la información, requiere tomar previsiones y acciones que le ayuden a contar con certeza de que dicha información reúne las cualidades mencionadas. La prueba está en la verificación o correspondencia con la realidad.

La carga de la veracidad de la información está en el emisor de la información, en quien la entrega. ¿Puede entregar y poner a disposición pública información falsa, incompleta, manipulada? Claro, y de eso hay evidencias de sobra, así como de sus efectos.

Pero es necesario distinguir. No es lo mismo generar y entregar deliberadamente información falsa, incompleta o manipulada, que hacerlo por incapacidad, desconocimiento e incluso por temor.

Puesto que la ley no puede considerar casuísticamente todo lo anterior, establece principios, bases, de tal forma que las causas que atenten contra la veracidad, la oportunidad y el que sea completa, se reduzcan y las voluntades individuales en el sujeto obligado no estén por encima de los principios y bases (deber ser).

Las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información, con quince años de operación, además de enfrentarse a las resistencias de los servidores públicos, muchas veces movidas por el desconocimiento y con ello por el temor, tienen frente a sí estructuras de generación, gestión y administración de información diseñadas para que la información sea sólo para uso interno, fuera de miradas extrañas, y con ello para el ocultamiento.

Si las leyes de transparencia y acceso a la información no modifican las formas y recursos con que se genera, gestiona y administra la información pública, ésta quedará a la voluntad individual de servidores públicos y más aún, de intereses de grupo.

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