Las Unidades de Transparencia (UT) de los sujetos obligados, y con ellas los organismos garantes del derecho de acceso a la información, se han aferrado en su práctica cotidiana a reducir la atención, promoción y garantía de este derecho fundamental en resolver solicitudes de información, colocando en segundo término abrir la información producto del ejercicio del poder público y con la que se toman decisiones a la disposición libre, clara y comprensible de cualquier persona. El resultado, judicializan el derecho a la información y centran el acceso, disposición y uso de información pública a reducidos grupos, a “iniciados”; y peor aún, hacen de un bien y derecho común algo domesticado por unos y para unos cuantos.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha reducido el derecho a la información a solicitudes? Es un asunto que organismos garantes y sujetos obligados requieren responder. Soy de la idea que mientras pensemos que el derecho a la información sea un asunto de abogados (y no porque no sean necesarios), mientras éstos sean sólo quienes encabecen las UT y los organismos garantes, el ejercicio y promoción de este derecho será acotado a la lógica de “demandas”. La promoción de la transparencia presupone conocimiento, sensibilidad y capacidad de gestión de información pública.

Mientras exista un solicitante de información pidiendo lo fundamental podemos estar ante una muestra de incumplimiento de la ley, falta de promoción de cultura de la transparencia (pues quien desconoce pide lo que ya está disponible), la información puesta a disposición no es clara, comprensible, o peor, está “publicada para no localizarse”, dispuesta para dentro, no para cualquier persona.

De 2012 a la fecha, tres de cada diez solicitudes de información (28.9%) en Jalisco versan sobre información fundamental. Los sindicatos, desde esta lectura de “opacidad”, pues se tiene que pedir lo que están obligados a publicar, llevan la delantera con 60.5% de solicitudes, le sigue el Legislativo con 57.3%, luego el Judicial con 50.4%, los partidos políticos con 40.4%, los Ayuntamientos con 34.2%, el Ejecutivo con 18.4% y finalmente los organismos autónomos con 18.4%.

El derecho a la información para la transparencia, participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y rendición de cuentas parte de la disposición libre de información; luego, vendrá la solicitud. No a la inversa.

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