Para un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es fundamental ver, analizar y adecuar el todo y las partes. Aunado a ello, destinado al fracaso será centrar la atención en una o varias personas, y no considerar el sistema de rendición de cuentas como parte del engranaje. En otras palabras, el problema no está sólo en la persona del Auditor Superior, ni en los Contralores de los distintos entes de gobierno.

Como “logro” para algunos se consideró en días pasados el que fuerzas políticas se pronunciaran por la no continuidad del actual titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), pero nada han dicho sobre qué hacer con esa entidad fiscalizadora en sí y dentro de lo que tendrá que ser el SEA.

La renovación de la ASEJ, considero, implica abordarla desde tres líneas convergentes: la prevención y la rendición de cuentas a partir de la presupuestación con resultados medibles y evaluables de ingreso y gasto, garantizando el acceso y disposición de información pública.

Las Contralorías, como órganos de control interno, con su función preventiva, ameritan cirugía mayor y alinearlas con los órganos de fiscalización (federación y estatal) para no dejar fuera los tiempos de rendición de cuentas: antes, en y después. Es absurdo que un órgano de control interno se enfoque en un punto preventivo, y luego la auditoría fiscalice otro, como si fuese un juego del gato y el ratón. Las contralorías no han servido, a la fecha, para prevenir lo que en lo público la ciudadanía reclama y menos aún lo que las auditorías fiscalizan.

Tener un nuevo auditor sin una evaluación seria e integral de la ASEJ será un cambio para que las cosas queden como están. Urge una discusión pública, con información, sobre la ASEJ y las Contralorías. Centrar lo anterior en las personas será una ruta poco sensata y perversa. Primero, clarificar qué ASEJ y Contralorías se necesitan, y luego buscar los perfiles para ello, no a la inversa.

La Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las normas que facultan a los órganos de control interno,  requieren armonizarse con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

¿Cuándo arrancamos?

 

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