En 2017 Jalisco cumple 15 años con un marco jurídico para garantizar el acceso a la información. El 21 mayo de 2002 entró en vigor la primera Ley de Transparencia en México, incluso antes de la Ley Federal. Realizar un corte, una evaluación crítica de lo recorrido y del rumbo que se tiene se impone como una necesidad, máxime cando se está en fase de implementación de un Sistema Nacional de Transparencia y se plantea ahora la transparencia como parte del lo llamados “gobiernos abiertos”.

La transparencia, en la práctica, se ha centrado en dos vías de acceso a la información: atención de solicitudes de información y publicar determinada información en sitios de transparencia. A un gobierno, desde la formalidad institucional, se le evalúa como “transparente” si publica lo que marca la ley; por otra parte, organismos ciudadanos y consultoras evalúan la transparencia con base en lo que ellos quieren ver publicado, provocando en momentos una “paranoia” por quedar bien ante el evaluador, y en algunos casos hacer de la transparencia un negocio con ganancias económicas para el evaluador y ganancias propagandístico-legitimadoras para el evaluado.

Con gobiernos transparentes se inhibirá la corrupción es la premisa, pero los datos duros muestran lo contrario, e incluso paradójico (ver http://bit.ly/2lyaCcJ): a mayor calificación de transparencia en evaluaciones, menor calificación en corrupción. ¿En dónde está la falla? ¿O la hipótesis de a mayor transparencia menor corrupción es falsa?

Por otra parte, las leyes de transparencia se ofrecen para propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Si hacemos un recorrido sobre las más recientes decisiones públicos que han trastocado a la sociedad y la vida cotidiana de las personas, como el “gasolinazo”, constatamos que quienes tomaron las decisiones tienen que salir a explicar lo que hicieron y ofrecer información sobre lo mismo, evidenciando que no hubo, no ofrecieron u ocultaron información en el momento que tomaron la decisión.

En pocas palabras, habría que evaluar 15 años de transparencia en función de la finalidad de las leyes y sus instituciones, no reducirlo a calificaciones sobre cumplimiento de lo que el evaluador quiere ver (por cierto, ¿conoce usted una evaluación sobre la calidad y veracidad de la información publicada?), o de lo contrario continuaremos en un autoengaño.

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