El pasado 14 de abril, casi tres horas después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció mediante un comunicado que “convocará, en los próximos días, a las fiscalías o unidades especializadas en libertad de expresión” de los estados, a un encuentro para “conocer e intercambiar buenas prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas” (ver http://bit.ly/2pjWMw1), en la ciudad de La Paz, BCS, fue asesinado el periodista Maximino Rodríguez Palacios, el cuarto comunicador ejecutado en lo que va del año (http://bit.ly/2oi5dn4); 124 de 2000 a la fecha, de acuerdo a la CNDH (http://bit.ly/2pjR1P1).

Hace un mes, Artículo 19 México y Centro América, “organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas” (https://articulo19.org), dio a conocer su informe anual 2016 sobre violencias contra la libertad de expresión e información, “Libertades en Resistencia” (ver http://bit.ly/2p609an).

“Libertades en Resistencia” es más que la numeralia de agresiones en contra de periodistas. Es el registro “de historias de resistencia frente a las distintas violencias”; se “retrata” la “primera de las violencias: la información como mecanismo de control, de abuso de poder y discriminación”; se cuenta “un “poco sobre la historia de la cual nos priva el Estado al omitirla con prácticas y leyes que restringen la libertad de expresión e información”; se muestra “a un Estado entrometido en la privacidad de periodistas que, mediante su investigación, buscan someterlo al escrutinio de la sociedad”; se evidencia el “recrudecimiento de la violencia de Estado en el marco de la protesta social, las formas para cooptar la información periodística”, los “patrones de impunidad antes estas violencias”, entre otros abordajes.

“Libertades en Resistencia” concluye con recomendaciones al Estado, generales y específicas, que además de asumirlas los destinatarios, requieren ser materia de seguimiento social, desde las universidades formadoras de comunicadores profesionales, así como de los propios periodistas. Que no siga el camino de una ley que al parecer nació muerta en la Jalisco en diciembre de 2016: la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco.

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