No hay plazo que no se cumpla. Y en materia de derechos fundamentales vinculados a la comunicación, acceso a la información y protección de datos personales estamos a la puerta. La garantía de los derechos de las audiencias, derecho de réplica y protección de datos personales están a la puerta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos, por ahora, la última palabra, aunque el tiempo y los plazos los tienen encima.

Datos Personales

El próximo jueves 27 de julio vence el plazo para que los Congresos de los Estados hayan adecuado sus normas locales para que los sujetos obligados garanticen la protección de datos personales, con base en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (26 de enero de 2017). Una norma complementaria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (5 de julio de 2010).

Ver Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

Estas leyes concretizan los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), establecidos en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”; así como la fracción II del apartado A del artículo 6° constitucional: “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”.

En el Congreso del Estado de Jalisco se ingresó una iniciativa para crear la “Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco y sus Municipios” el pasado 13 de junio de 2017 (ver: http://congresoweb.congresojal.gob.mx:8012/agendakioskos/documentos/sistemaintegral/estados/73246.pdf), además de realizar adecuaciones en esa materia en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la fecha límite para adecuar el marco local vence el próximo 27 de julio: “La Ley Federal de Transparencia y Acceso .a la Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de protección de datos personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley”, artículo Tercero Transitorio, primer párrafo.

Sin embargo, en caso de no contar con esa “armonización”, en el segundo párrafo se establece “resultará aplicable de manera directa la presente Ley, con la posibilidad de seguir aplicando de manera supletoria las leyes preexistentes en todo aquello que no se oponga a la misma, hasta en tanto no se cumpla la condición impuesta en el presente artículo”.

En pocas palabras, entrará en vigor la garantía de protección de datos personales en todo Jalisco, y para lo cual el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), deberá echar andar mecanismos de protección.

Mientras, con base en los transitorios de la Ley, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá emitir a más tardar el 26 de enero de 2018 el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, y en Jalisco, tomar las previsiones presupuestales para este año y en particular en 2018, cuando se cuente con los lineamientos respectivos.

Por otra parte, pero con base en la ley local que se emita o la Ley General en caso de que no se cuente con ella, todos los sujetos obligados de Jalisco tienen de plazo hasta el 27 de julio de 2018 para “tramitar, expedir o modificar su normatividad interna” en materia de protección de datos personales.

Derecho de Réplica

En una especie de limbo jurídico han quedado los derechos de las audiencias, y en particular uno de ellos: el derecho de réplica.

Aunque por vías distintas, las normas que se han emitido para los derechos de las audiencias y el derecho de réplica han sido impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tanto por partidos políticos, por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Primero se impugnó mediante acción de inconstitucionalidad la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica.

Los partidos Morena y PRD cuestionaron, en 2015, que en dicha norma el ejercicio de derecho de réplica estuviera condicionado a que a que la información difundida fuese “falsa o inexacta”; es decir, plantean que la réplica se hiciera por cualquier tipo de información, incluyendo así información verdadera.

En tanto, la CNDH impugnó que entre los sujetos obligados de la ley se considerara a “cualquier otro emisor de información”, incluyendo a “los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes”. Con ello, cualquier persona que emitiera mensaje, incluso a través de redes sociales, sería sujeto obligado de la ley al derecho de réplica, generando así incertidumbre sobre cualquier “emisor” y de manera indirecta provocando inhibición o censura para cualquier persona. (ver https://blogs.iteso.mx/analisisplural/2017/04/16/el-tortuoso-camino-del-derecho-de-replica/)

El 11 noviembre de 2016, después de dos sesiones de análisis y debate público sobre el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán en torno a las acciones interpuestas por Morena, PRD y la CNDH, el pleno de la SCJN acordó desechar la propuesta y returnarla a otro ministro para que elaborara otro proyecto. El ministro Pérez Dayán proponía dar por válidas las impugnaciones de PRD y Morena.

Ver proyecto de resolución inicial del ministro Alberto Pérez Dayán en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2016-12/AI122_2015PL.PDF

Ver debates en la SCJN sobre el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en: 8 de noviembre de 2016: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-12-02/08112016PO.pdf; y 11 de noviembre de 2016: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-12-02/10112016PO.pdf

A la fecha, se desconoce cuándo resolverá la SCJN la acción de inconstitucionalidad.

El derecho de réplica fue incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en noviembre de 2007 (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRArt6_MDR_041115.pdf), y después de once años se contó con una ley reglamentaria sobre la materia, pero esta está impugnada.

 

Derechos de la Audiencias

En junio de 2013 se reconocieron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y de las audiencias, y que la ley en la materia establecerían los mecanismos para su protección (Artículo 6°, apartado B, fracción VI).

Un año después, el 14 de julio de 2014, se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones (ver: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=07&day=14), con el objeto, entre otros, de regular “los derechos de los usuarios y las audiencias”, dotando al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otras atribuciones el “vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado” en la propia Ley (Artículos 15, fracción LIX; 216, fracción II), e incorporándose un capítulo específico sobre derechos de audiencias, y para lo cual el IFT emitiría lineamientos específicos (Artículos 256 al 261).

En 2015, el IFT abrió a consulta pública un proyecto de lineamientos para los derechos de las audiencias. (ver http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-del-anteproyecto-de-lineamientos-generales-sobre-los-derechos-de-las-audiencias).

El 21 de diciembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.

ver http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/4746/documentos/16-12-21dof-diariooficialdelafederacion.pdf

Sin embargo, para el último día de enero de 2017, el Senado y el Presidente de la República, por separado, presentaron ante la SCJN controversias constitucionales sobre esos lineamientos, argumentando que se había extralimitado el IFT en sus atribuciones y que con esos lineamientos se atentaba en contra de la libertad de expresión. Concesionarios de radio y televisión se sumaron y alentaron el cuestionamiento a los lineamientos.

Por su parte, el IFT, el 1 de febrero de ese año, mediante sesión extraordinaria, emitió un acuerdo para diferir al 16 de agosto de 2017 la entrada en vigor de los lineamientos, abriendo un tiempo para que la SCJN resolviera la controversia interpuesta por el Senado y el Ejecutivo Federal.

A la fecha se desconoce proyecto alguno de la SCJN sobre esa controversia, y con base en el acuerdo del Pleno del IFT, de no pronunciarse la SCJN en uno u otro sentido, los lineamientos entrarán en vigor.

 

 

Ver acuerdo del IFT en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/acuerdo_para_diferir_la_entrada_en_vigor_de_los_lgda_1.pdf

Con estos lineamientos, además, al ser parte sustancial de los derechos de las audiencias, se instrumentaliza en radio y televisión el ejercicio del derecho de réplica, aún sin resolverse en la SCJN.

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