El Congreso del Estado de Jalisco está convocado a sesión ordinaria para mañana martes 28 de agosto; si no se decide otra cosa, estará en segunda lectura, discusión y eventual aprobación la nueva Ley de Comunicación Social del Estado de Jalisco, con base en dos dictámenes, uno elaborado por la Comisión Puntos Constitucionales (ver: http://bit.ly/2KVXF4s), y otro por la Comisión de Responsabilidades (ver: http://bit.ly/2nHmyYJ); en el limbo, quedaría la iniciativa de Pedro Kumamoto, presentada al Pleno del Congreso el 15 de agosto (ver: http:// bit.ly/2PeehrB).

Tanto los dictámenes como la iniciativa son perfectibles. Los dictámenes, desgraciadamente, formalizan y legalizan lo que ya se hace; es decir, no cambiará sustancialmente nada; la iniciativa pendiente de dictaminar abre el horizonte en materia de comunicación social, pero como los dictámenes, se centra más por el dinero público destinado a la comunicación que al abordaje de la comunicación social como parte sustantiva en el ejercicio de gobierno y poder público.

La comunicación social, en el caso del Poder Ejecutivo, está concentrada en el titular de dicho poder, y desde 2012, a través de las Unidades Administrativas de Apoyo al Gobernador, se definen las políticas en esa materia (ver Reglamento vigente en: http://bit.ly/2NhhR2J; y su antecedente en http://bit.ly/2wfeymb). En el caso de los Ayuntamientos, se pueden considerar sus respectivos Reglamentos de la Administración Pública Municipal. Estos últimos ofrecen elementos sobre cómo se plantea la comunicación social en los nuevos escenarios y necesidades comunicativas.

Si la comunicación social se centra y parte sólo de montos, topes y criterios de asignación a empresas y comunicadores, y no de una necesidad en el ejercicio de gobierno y del poder público, quedaremos atrapados en la lógica del mercado y la norma será evadida.

Todo gobierno, para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, requiere comunicarse; la comunicación, en sus formas, estrategias, modos, recursos, ha cambiado y continuará ajustándose. Eso es lo primero, y a partir de ello, plantear los medios y recursos que se requieren.

El Congreso de Jalisco, diputadas y diputados, aún tienen una salida: retirar los dictámenes previstos para segunda lectura; remitirlos a comisiones para abrir un análisis público e incluyente con actores, y que permita incorporar los aportes de la iniciativa de Pedro Kumamoto. Hay tiempo, es cuestión de voluntad.

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