Ley de datos personales de Jalisco

El próximo jueves 27 de julio vence el plazo para que los Congresos de los Estados hayan adecuado sus normas locales para que los sujetos obligados garanticen la protección de datos personales, con base en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Una norma complementaria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Estas leyes concretizan los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de datos personales, establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Congreso de Jalisco pendiente de aprobación está la “Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco y sus Municipios” (ver: http://bit.ly/2umSNR9), además de realizar adecuaciones en esa materia en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de no contar con esa “armonización”, el segundo párrafo del Artículo Tercero de la Ley General se aplicará “de manera directa” la Ley General. En pocas palabras, entrará en vigor la garantía de protección de datos personales en todo Jalisco, y para lo cual el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITEI), deberá echar andar mecanismos de protección.

Mientras, el Sistema Nacional de Transparencia deberá emitir a más tardar el 26 de enero de 2018 el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, y en Jalisco, tomar las previsiones presupuestales para este año y en particular en 2018, cuando se cuente con los lineamientos respectivos.

Por otra parte, pero con base en la ley local que se emita o la Ley General en caso de que no se cuente con ella, todos los sujetos obligados de Jalisco tienen de plazo hasta el 27 de julio de 2018 para expedir sus normatividades internas en protección de datos personales.

El asunto no es menor, primero por el derecho a garantizar, pero también porque con la nueva ley debe ajustarse la Ley de Transparencia local. De no hacerlo de manera integral, se hará un bodrio, además de no aprovechar la ocasión para corregir las complicaciones en acceso a la información que aún subsisten desde la ley más abigarrada que ha tenido Jalisco, la extinta Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (ver: http://bit.ly/2uNBFoe).

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